“Ya no tendremos muertes en abortos clandestinos. Habrá menos lesiones en la salud de las mujeres. Habrá menos perforaciones de útero. Habrá menos humillaciones, menos sufrimientos y esa reparación que hace hoy el Estado nos enorgullece profundamente”, enumeraba la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, en el Museo del Bicentenario.
Caía la tarde y un auditorio que reunía a integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, activistas de otros espacios del movimiento de mujeres y de derechos humanos, diputadas, diputados, funcionarios nacionales, venía de emocionarse, minutos antes, con otro tramo del discurso, que puso calor a un espacio frío, poco receptivo a la mística de la militancia verde.
Lo que estaba por suceder, la promulgación de la Ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), iba a abrir la puerta a otro mundo, había dicho Ibarra.
En la clandestinidad “han dejado su vida más de 3 mil mujeres desde que recuperamos la democracia. Allí las mujeres han visto afectada su salud. Allí, en esa clandestinidad se han sentido humilladas. Y hoy venimos a reparar esto”, había detallado la funcionaria, visiblemente conmovida, y estallaron los aplausos. Instantes después, cuando faltaban cinco minutos para las 7 de la tarde, Ibarra alcanzaba al presidente Alberto Fernández los textos de las leyes del Plan de Mil Días (Ley 27.611) y de IVE que el Congreso sancionó en diciembre; el presidente firmó ambas. La promulgación era un hecho. La norma se publicará este viernes en el Boletín Oficial, comenzará a regir el 24 de enero. No hace falta que cada provincia adhiera a ella para que entre en vigencia en todo el país.
“Tenemos una mejor sociedad, más igualitaria. Hoy empezamos a escribir otra historia, que es la de buscar más derechos”, dijo Fernández, escoltado en la mesa también por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Salud, Ginés González García.
