Así lo afirmó el abogado defensor de Cárdenas, Gustavo Ariznabarreta. Un Tribunal de la ciudad fueguina de Ushuaia condenó a prisión perpetua a una mujer de 25 años que mató a puñaladas a su expareja cuando éste la estaba agrediendo con un cuchillo.
El pronunciamiento del Tribunal fue mucho más severo que el requerimiento del fiscal de juicio, Eduardo Urquiza, quien había pedido que la acusada Gina Eliana Cárdenas fuera condenada a 8 años de prisión. Se trataba del mínimo previsto para el delito de homicidio, porque consideraba que, si bien no hubo legítima defensa, existieron circunstancias extraordinarias de atenuación debido a la violencia -no física- que su expareja, Alejandro Ramón Báez, ejercía sobre ella.
El veredicto condenatorio fue dictado a primera hora de la tarde del viernes por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Durante los alegatos, el fiscal Urquiza consideró que durante las audiencias quedó probado que Cárdenas apuñaló y mató a Báez durante una discusión. Por eso pidió que sea condenada por “homicidio agravado por el vínculo”.
“Haber calificado el homicidio como agravado por el vínculo tiene una pena única de prisión perpetua. Otra variable intermedia que había planteado el fiscal, es la de que había habido un homicidio agravado por el vínculo, con circunstancias especiales de atenuación, como para permitir que se pueda manejar una escala penal de 8 a 25. Y el plano que habíamos planteado nosotros, que Gina había dicho que ella fue quien causó la muerte, y explicó en qué marco se dio, lo que nos llevaba al marco e perspectiva de género y al marco de legítima defensa, la que ejerció Gina daba cuenta que estaba en riesgo su vida y la de su bebé que llevaba en el vientre”, dijo Ariznabarreta por FM Del Pueblo.
“El viernes se va a apelar ante el Superior Tribunal De Justicia”, afirmó el letrado, y cuestionó “que no se haya atendido la cuestión de la legitima defensa, debería haber sido absuelta. Acá están en juego valores que comprometen al compromiso del estado nacional que suscribió tratados de derechos humanos que protegen expresamente los derechos de las mujeres en contexto de genero”.