Hoy se tratará en la Legislatura el proyecto que busca prohibir en toda la provincia la prestación de servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas y/o mecanismos que no sean regulados por los Municipios. El proyecto plantea la posibilidad de una normativa que habilite a la Policía y Justicia a intervenir en casos de transportes ilegales como “contravención”.
Tanto en Ushuaia como en Río Grande, las asociaciones de taxistas y remiseros presentaron resistencia ante el anuncio oficial del desembarco de la empresa de transporte Uber. En respuesta al reclamo, ambos municipios comenzaron a intensificar los controles en las calles para evitar el transporte de pasajeros por aplicaciones. En el caso de Ushuaia, las multas a los conductores que brinden servicios de transporte de este tipo llega a $1.603.000.
