Las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia cuestionaron fuertemente al Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande por haber invitado a la apertura de la Carpa de la Dignidad a la vicepresidenta Victoria Villarruel, abiertamente negacionista del terrorismo de Estado, que finalmente no estuvo presente.
Durante la manifestación que tuvo lugar ayer, donde se recordó a dos víctimas de la ciudad durante la Dictadura, los oradores, entre los que se encontraban representantes de organizaciones de Derechos Humanos, criticaron la invitación a la vicepresidenta.
Uno de los que cuestionó al Centro de Veteranos de la ciudad fue el veterano de Guerra Daniel Guzmán, quien también rechazó la fecha elegida para la inauguración de la Carpa de la Dignidad: El 24 de marzo. Según Guzmán, se eligió esta fecha para invisibilizar el aniversario del Golpe.
A continuación, el documento expresado por la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande:
“No podemos comenzar con la lectura de este documento sin antes remarcar que a las puertas de un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976 una compañera, militante feminista y de derechos humanos, integrante de la agrupación HIJOS fue violentada en su propia casa. Un crimen político-fascista, que no es casualidad que se haya dado justo en este momento, cuando los negacionistas, los defensores de genocidas, los admiradores de la mano dura, están ocupando los mayores cargos políticos de nuestro país.
Por primera vez en 40 años, el Golpe de Estado se conmemora bajo un gobierno negacionista, provocador, que amenaza los consensos democráticos construidos.
Lamentamos profundamente tener que volver a explicar a quienes enarbolan el discurso negacionista, y a quienes están prestos a creerlo, que en Argentina se secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron personas porque pensaban distinto, porque creían y luchaban por un país para todos, todas y todes; tenemos que recordarles que se hacía parir a las mujeres en cautiverio y luego se apropiaban de sus bebés, muchísimos de los cuales aún hoy, a 40 años de la recuperación de la democracia, no conocen su identidad.
Es necesario recordar que lo que los militares y los medios cómplices llamaban enfrentamientos, eran lisa y llanamente fusilamientos; que los “traslados” significaban arrojar al río a personas vivas desde un avión; que quienes ellos decían que se habían ido del país, yacían en fosas comunes mientras sus familiares recorrían cuarteles, comisarías, morgues y hospitales en busca de la verdad.
Lamentablemente una vez más tenemos que explicarles, a quienes creen las mentiras de los militares y sus cómplices, que en este país no hubo una guerra, hubo un genocidio y que quienes habían usurpado el poder cometieron los más atroces crímenes de lesa humanidad.
Por este motivo nos parece urgente y necesario reafirmar que SON 30 MIL y FUE GENOCIDIO
Pero que lamentemos tener que volver a discutir lo que creíamos que ya estaba saldado, no quiere decir que nos vayamos a cansar o nos vayamos a rendir. Acá vamos a estar, en la calle, reafirmando una vez más que no olvidamos, que no perdonamos y que no nos reconciliamos. Seguimos exigiendo, juicio, castigo y cárcel común y efectiva a los milicos genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos.
Hoy, a 48 años del golpe genocida, nos toca vivir el momento histórico de tener que defender nuevamente “La Memoria, la Verdad y la Justicia”; levantar alto el estandarte de las madres y abuelas, teniendo como faro a la inmensa Norita Cortiñas y su incansable lucha.
A 40 años de democracia y de los juicios y condenas contra los crímenes de lesa humanidad, estos funcionarios negacionistas se reúnen con las esposas de los genocidas y sus simpatizantes, como Cecilia Pando y les prometen un nuevo indulto. Mientras tanto, quieren legitimar a las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en las encargadas de combatir el narcotráfico, violando claramente la constitucionalidad de nuestro país, que determina que las fuerzas armadas no pueden actuar en la seguridad interior.
Lamentamos que en Río Grande, la fecha elegida, para la inauguración de la carpa de la dignidad, sea el día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Se pretende invisibilizar esta fecha, con el agravante de no hacer referencia a las violaciones a los derechos humanos en las Malvinas, perpetrados por los mismos militares contra jóvenes conscriptos argentinos. Incluso se pretende invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, una ferviente defensora de los militares genocidas.
Reivindicamos la Soberanía en todo el territorio de nuestra provincia y denunciamos la falta de información y medidas concretas para desactivar el radar inglés, que se encuentra actualmente operativo a escasos kilómetros de la localidad de Tolhuin. Además repudiamos que, frente a la inacción del gobierno nacional, Gran Bretaña siga avanzando sobre el área de exclusión en la plataforma continental argentina.
Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande junto con las diversas organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, feministas. políticas y del campo popular decidimos, en estos tiempos críticos que estamos atravesando a nivel local, provincial, nacional y mundial, referirnos, como siempre lo hacemos, a los temas necesarios para reafirmar nuestro compromiso con esa lucha permanente por la Memoria, la Verdad y la Justicia, denunciando las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero también las que siguen ocurriendo hoy, exacerbadas por las políticas represivas del gobierno de ultraderecha, misógino, machista, violento, de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Defenderemos la Libertad de expresión y de protesta enfrentando el protocolo represivo de Patricia Bullrich; la persecución y las detenciones arbitrarias por expresar en las redes sociales lo que se piensa, como pasó en Jujuy; la cárcel que sufrió Cristián Díaz por apoyar la lucha del pueblo palestino, en contra del genocidio perpetrado por Israel; la represión fuera del cine Gaumont y en el Congreso; y podemos seguir enumerando cientos de casos que ocurrieron solo en los primeros 100 días de este gobierno.
Sabemos que detrás de todo está la verdadera razón de estas políticas: hacer pasar el plan económico libertario ultraliberal y desarticular a quienes se organizan y luchan contra él. El plan económico que quieren imponer nos recuerda a Martínez de Hoz y a Cavallo, un plan que nos remite a la dictadura y a la década de los 90. La destrucción de los ingresos de la clase trabajadora y sectores populares por la vía de la licuación de los salarios, el feroz ajuste a los y las jubiladas, la quita de alimentos a los comedores sociales, la quita de subsidios al transporte, a la energía y muchísimo más. Todo al servicio de pagar la fraudulenta deuda externa con el FMI. Un plan de estás características, el DNU, la ley ómnibus y el pacto de mayo, podrían pasar solo con represión.
Por eso lo que sí es urgente y necesario es estar en las calles para exigirles a quienes tienen la responsabilidad política, las y los gobernadores, las y los legisladores nacionales, que deberán poner por delante los intereses y necesidades del pueblo y no intereses mezquinos que van en contra de la Constitución Nacional. Repudiamos la apertura indiscriminada de las importaciones que implican la destrucción del sistema industrial argentino dejando miles de trabajadores en la calle, profundizando la precarización laboral y atentando contra los derechos laborales. No aceptaremos ningún tipo de flexibilización laboral.
Vamos a defender todos los organismos creados para garantizar derechos, para fomentar nuestra cultura, porque su cierre no tiene que ver con reducir gastos, sino con soltar la mano a los sectores más vulnerables, con quitarnos nuestra identidad, con corrernos de los lugares donde podemos construir un país para todos, todas y todes. Por eso, repudiamos el cierre del INADI, del INCAA, TELAM y los despidos en los organismos públicos.
No podemos permitir que se siga avanzando sobre la salud de la población, desmantelando los hospitales públicos y dejando sin medicamentos a las y los jubilados, a las personas con discapacidad y a pacientes con enfermedades crónicas graves.
El desmantelamiento del sistema educativo público, gratuito, laico y popular, a través de múltiples ataques que van desde la quita de partidas presupuestarias a comedores escolares, la no realización de obras públicas para mejorar o ampliar la infraestructura existente, la persecución a dirigentes sindicales, así como la instalación de discursos de odio hacia la escuela pública, constituyen una vulneración al derecho a la educación, que es una obligación indelegable del estado argentino. Afirmamos hoy con más fuerza que nunca, no a la criminalización de la protesta, reinstalación de las y los docentes exonerados en nuestra provincia.
Frente a estas políticas de recorte y ajuste, creemos firmemente en salir a defender la salud y la educación pública en todos sus niveles.
Las mujeres, disidencias y personas del colectivo LGTBIQ+ vamos a seguir luchando por defender nuestros derechos conquistados, porque sabemos que cuando no hay laburo, ni que comer somos muchos y muchas las compañeras que debemos sostener familias monoparentales y somos quienes esencialmente nos ocupamos de las tareas de cuidado de infancias, adultes mayores y en los barrios organizamos y sostenemos comedores socio-comunitarios y merenderos.
El pueblo somos todas, todos y todes, nadie merece quedarse en los márgenes por no tener para trabajar dignamente o un plato de comida para llevar a su mesa.
Vamos a continuar con la defensa del derecho al Aborto legal, seguro y gratuito y su implementación total y real en el país y especialmente en el Hospital Regional Río Grande.
No permitiremos que el gobierno de Milei impulse la venta y explotación desenfrenada de nuestros recursos naturales. El ejecutivo lleva adelante políticas de entrega de la soberanía a empresarios y multinacionales, la reciente concesión del Paraná a Estados Unidos es un acto criminal, así como también lo es la entrega de los recursos acuíferos a la empresa Israeli Mekorot, estas decisiones vulneran el derecho y acceso a un ambiente sano, presente en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
El mayor impacto de la explotación desenfrenada de recursos lo tienen los pueblos originarios, que son desplazados de sus tierras, criminalizados sus reclamos y amenazada su salud por la contaminación, la falta de agua potable y demás consecuencias de estas políticas.
Junto a las distintas organizaciones de Derechos Humanos de todo el país volvemos a exigir que se abran los archivos de la Dictadura y que se enjuicie a todos los genocidas y sus cómplices. No se pueden seguir muriendo impunes y llevándose la verdad de lo sucedido durante los años de plomo. No puede haber más de 400 ciudadanos y ciudadanas con la identidad usurpada. Además volvemos a reclamar por el juicio y castigo a los militares que violaron los derechos humanos de sus propios soldados durante la guerra de Malvinas. No son héroes, son genocidas.
Por eso también desde la Multisectorial venimos, nuevamente, a reclamar la apertura de los archivos de todo lo actuado por el BIM 5, y por todas las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura, en la provincia de Tierra del Fuego. Es hora de que se sepa toda la verdad y que se haga justicia por los hechos, ocultos durante tanto tiempo por el propio estado.
Este gobierno ultraderechista nos ha declarado la guerra a las y los trabajadores, a las mujeres, a los y las jubiladas, a la juventud, a las infancias y su futuro. Le respondemos con la lucha en las calles, así como fue la inmensa jornada del 24 de enero, donde salimos millones en todo el país, a pesar de los intentos por impedirlo; así fue también el inmenso 8M donde cientos de miles de compañeras y compañeres se plantaron ante los ataques y provocaciones.
Ese es el camino que continuamos transitando este histórico 24 de marzo, llevando en alto las banderas de la generación de los 70 que quería cambiarlo todo y luchar contra cada injusticia, y con la inclaudicable convicción de que solo el pueblo en unidad puede derrotar de una vez por todas estas políticas nefastas, anti-obreras y pro-dictadura, del DNU, el protocolo represivo y la Nueva Ley Ómnibus. No podemos esperar al 2027, necesitamos ya un paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar toda la política de entrega y empobrecimiento de Milei.
Decimos:
¡Paro general y plan de lucha ya!
No al pago de la deuda, fuera el FMI
Estamos en emergencia alimentaria, el hambre es el límite
Abajo todo el plan de Milei
No al pacto de mayo
No a la criminalización de la protesta social, abajo el protocolo bullrich
No al genocidio en Gaza. ¡Alto al fuego ya!
Juicio, castigo y carcel común a todos los genocidas
¡Son 30.000 y fue genocidio!
Apertura de los archivos del BIM 5
Restitución de la identidad a les niñes apropiades
Nunca más es Nunca más
Florencia Angélica Rojas Gutiérrez PRESENTE
Marcela Beatriz Andrade PRESENTE
Silvia González PRESENTE
Guillermo Barrientos PRESENTE
Juan Carlos Mora PRESENTE
30 mil compañeros y compañeras detenides y desaparecides presentes
Ahora y siempre”.
