Gustavo Ariznabarreta, abogado defensor del camarista penal Andrés Leonelli, presentó un pedido de destitución contra la jueza María Cristina Barrionuevo, en la causa que tuvo al mismo Leonelli como sospechado de posesión de pornografía infantil.
El pedido de destitución de Barrionuevo contiene figuras jurídicas como abusos, violaciones al debido proceso y una denuncia que incluye la filtración de un allanamiento al domicilio y un llamado irregular al Superior Tribunal de Justicia.
Según Ariznabarreta, “esto no tiene que ver con el recorrido de la Dra, sino con una causa actual donde se han desmarcado varios momentos de innecesaridad de las medidas judiciales tomadas, y de rechazos, dilaciones y demoras injustificadas a una medida centra, como era la peritación de la computadora de la Cámara de apelaciones que es donde se suben accidentalmente sin saber este grupo de fotos entre miles de archivos de trabajo”.
Las arbitrariedades denunciadas ahora están siendo gestionadas ante el Consejo de la Magistratura. Y por el momento, nadie sabe de qué manera se subieron esas 62 imágenes.
“A los 3 días de haber asumido la defensa, cuando recién inició la investigación, advertimos que las fotos tenían que ver con una causa en Rio Grande”, explicó Ariznabarreta por FM Del Pueblo. Lo mismo había sido advertido por el juez Sahade.
Por otro lado, un informe de Missing Children, que indicaba que el material había sido subido por una computadora desde la cámara de apelaciones, habría sido dilatado por la jueza Barrionuevo. En el medio, dictó un cinematográfico allanamiento a Leonelli, donde le secuestraron celulares, laptop y efectos personales que se mandaron a peritar, cuando se sabía que el material en cuestión había sido subido desde otra computadora en Río Grande, cuando investigaba una causa.
Esto fue constatado por un ingeniero informático del Superior Tribunal, sobre el final del proceso. Cuando se abrió el material, por una cuestión técnica, se cargó automáticamente en la computadora del Poder Judicial de Leonelli. Eran las mismas fotos que se habían cargado automáticamente, y que estuvieron 10 años allí, y que nunca nadie las abrió. Cuando ese volumen de información se subió a la nube de Google, se activa la alarma de Missing Children. Y comenzó la pesadilla para Leonelli.
“Esto que le pasó a Leonelli le pasó al mismo ingeniero informático del Poder Judicial que abrió las fotos y automáticamente le cargaron a su nube y Google le canceló la nube”, agregó Ariznabarreta.
“Esto es lo que la pericia encuentra, y la Dra la podía haber hecho al inicio de todo. Por eso termina siendo una cuestión de arbitrariedad, un juez no puede hacer lo que quiere en un proceso penal, tiene que hacer lo que corresponde”, advirtió el abogado.
Dos años atrás, la misma jueza había resuelto de otra manera contra un grupo de policías.
Un reporte de Missing Children señalaba un movimiento de fotos de pornografía infantil, entre un grupo de policías de la provincia. En ese momento, la jueza, en vez de allanar, pidió un informe y detectó que esas ID de las computadoras eran de la Policía, desde donde respondieron que el material formaba parte de una investigación. Y cerró la causa.
El abogado Ariznabarreta entendió que, en el caso de Leonelli “se podía haber evitado todo con un oficio y no llegábamos a este momento, no teníamos que vivir esta experiencia para llegar a un final incompleto”.
Así y todo, la Justicia rechazó el pedido de cerrar la causa de Leonelli. Mientras que la Jueza decidió cerrar la causa a través de un procedimiento administrativo, pero sin dictar el sobreseimiento.
Según Ariznabarreta, lo sucedido con Leonelli, “agravó la crisis del Poder Judicial de la provincia, porque puso en el tapete que un juez que trabaja en la revisión de estos juicios estaba siendo sospechado de ser un pedófilo”.
“El código de ética judicial obliga a que todo tipo de actuación de un juez, en el marco de un proceso penal, quede plasmado en el expediente. Y ese llamado a alguien del Superior Tribunal no se debería haber hecho”, concluyó el abogado.
