En Cancillería se extrema la preocupación por las condiciones de trabajo en la Antártida y la insistencia del gobierno por trasladar las bases logísticas y científicas a la orbita de la ministerio de Defensa.
Según el medio La Política Online, un diplomático con experiencia en trabajo en esa zona explicó que “mientras el expediente del traspaso de la administración de las bases antárticas desde la Dirección Nacional del Antártico (DNA) al Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) avanza en los últimos días a gran velocidad, puertas adentro la situación logística y operativa del Programa Antártico Argentino atraviesa la peor crisis en décadas”.
Según las fuentes, todo este proceso acumula resistencias interna porque las cláusulas del traspaso no están cerradas, hay desacuerdos técnicos y legales, y existen puntos esenciales que ni siquiera fueron debatidos.
“Este impulso acelerado parece responder al desguace progresivo de la DNA, a la transferencia de su presupuesto y a la apropiación de sus bienes, un escenario que deja a la política antártica argentina al borde de una militarización de hecho y a la comunidad científica sin la protección institucional”, advierten.
El foco de los cuestionamientos de esta situación están en la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur bajo la conducción de Paola Di Chiaro y sus asesores, los militares retirados como Edgar Calandín y Máximo Pérez León Barreto que articulan con un Cocoantar que afirman que “está desfinanciado”.
Según LPO, en las Fuerzas Armadas no están cómodos con este giro del gobierno a militarizar la Antártida. Además de jugar el fleje con la violación del Tratado Antártico que Argentina tiene con Chile y prohíbe militarizar la zona, el personal militar denuncia sobrecargas operativas, falta de medios, irregularidades en los procesos de licitación para las compras y el progresivo vaciamiento de la obra social IOSFA, cuya crisis impacta directamente en miles de suboficiales y sus familias.
