Juan Pablo Deluca, especialista en economía política, advirtió que el FAMP no se está ejecutando y que Nación comenzó a apropiarse de los intereses generados por los aportes de las empresas fueguinas para sostener su superávit fiscal.
El modelo industrial de Tierra del Fuego vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez por el destino de sus recursos. Juan Pablo Deluca, titular de Río Grande Activa, denunció que el FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina) cuenta con un acumulado de 250 millones de dólares que aún no han sido ejecutados, permaneciendo bajo la órbita de una decisión política del Gobierno nacional que perjudica a la provincia.
El FAMP surge de una lógica contractual establecida en 2021. En aquel año, la prórroga del régimen de promoción industrial exigió a las empresas instaladas en la isla una contraprestación directa: aportar el 3% de su facturación bruta a este fondo destinado a obras de infraestructura y diversificación productiva en Tierra del Fuego.
“Las empresas hacen los aportes todos los meses desde 2021, pero la plata no está volviendo a los fueguinos, el fondo va generando una rentabilidad y ahora se la queda el Gobierno nacional para cuidar su superávit”, señaló Deluca.
Ante la falta de ejecución y la apropiación de los rendimientos financieros, el panorama parece dirigirse hacia los tribunales. Deluca advirtió que existen argumentos concretos para iniciar acciones judiciales, ya que el incumplimiento del destino de los fondos rompe con el compromiso asumido en el decreto de prórroga del régimen fueguino.
