El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaria de Coordinación Legal, Dra. Mariángeles Arroyo, cuestionó la decisión de la jueza Electoral Interina, Mariel Zanini, de suspender el proceso para la elección de convencionales constituyentes.
Arroyo afirmó que “no existen razones jurídicas” para frenar el calendario y adelantaron que analizan estrategias legales para reactivar el cronograma electoral de inmediato.
La funcionaria explicó que los dos argumentos expuestos por la magistrada para paralizar el proceso no tienen sustento en el mundo del derecho. “No corresponden a dudas jurídicas reales, por lo que entendemos que no hay motivos válidos para consultar un dictamen”, señaló Arroyo.
La controversia gira en torno a la vigencia de la ley: La supuesta duda sobre la derogación de la Ley 1529 votada en la Legislatura provincial. Respecto a la norma aprobada por los legisladores, Arroyo aclaró que “toda ley debe pasar por el Poder Ejecutivo para su promulgación o veto”, y detalló que los plazos legales para que el Ejecutivo se pronuncie vencen el próximo lunes 18, por lo cual la normativa aún se encuentra en pleno proceso administrativo.
La Secretaria de Coordinación Legal explicó que el día previo al freno electoral apareció en el sistema una certificación de movimiento con fecha del 30 de marzo, vinculada a la queja presentada por el legislador Jorge Lechman ante la Corte Suprema. Al día siguiente, la jueza emitió el proveído con las dudas que paralizaron la elección. “Esto no es correcto. El decreto de convocatoria está en plena vigencia y estamos en condiciones legales de obtener el cronograma”, enfatizó la abogada.
El análisis de jurisprudencia realizado por el Gobierno provincial determinó que la presentación de Lechman ante el máximo tribunal del país ha tenido circulación interna, pero en ningún momento se solicitó una medida cautelar para suspender el acto eleccionario.
“Si bien la Corte podría haber actuado de oficio, entendemos que no ha considerado que el caso amerite una suspensión. Por lo tanto, la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego es perfectamente aplicable y está vigente”, argumentó Arroyo.
Ahora, a partir de la notificación formal, el fiscal electoral cuenta con un plazo de cinco días hábiles para emitir su dictamen sobre el veto y la situación de fondo. “La Justicia Electoral debe emitir el cronograma. Los ciudadanos y los partidos políticos impulsamos estas propuestas y entendemos que ya deberíamos tener las fechas de votación definidas”, aseguró Arroyo por Radio Provincia.
Y Arroyo adelantó que el equipo legal de la provincia evalúa las herramientas procesales disponibles. “Seguramente vamos a hacer una presentación formal para impulsar el proceso y destrabar la convocatoria”, concluyó.
