El oficialismo en el Senado buscará hoy avanzar con la media sanción del proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa habilitará la compra, por parte de inversores extranjeros, de la totalidad del territorio nacional. Detrás de la narrativa de la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre territorios que concentran recursos estratégicos para el país. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía. Además, el Senado avanzará con 36 pliegos judiciales.
Después de tres meses de negociaciones, el Gobierno parece tener el camino allanado para avanzar con la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Además de los aliados del PRO y la UCR, los bloques provinciales están dispuestos a prestar colaboración. El gobierno le dio la potestad a las provincias de autorizar o rechazar las ventas y con eso ganó apoyos.
La ley vigente no prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros: establece un límite del 15 % sobre el total de la superficie rural del país. Según el Observatorio de Tierras, hoy los capitales extranjeros poseen alrededor del 5 % —unas 13 millones de hectáreas—, por lo que la normativa actual todavía les permitiría adquirir cerca de 26 millones de hectáreas más. La reforma impulsada por el Gobierno elimina esos límites, incluso en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 % o el 50 %, habilitando la concentración de territorios considerados estratégicos.
