El diputado fueguino Jorge “Coky” Araujo presentó un proyecto para armar una subcomisión especial que investigue maniobras fraudulentas mediante órdenes médicas electrónicas truchas. Entre las irregularidades más graves se detectaron estudios de fertilidad facturados a mujeres de 80 años y prácticas cobradas mientras los afiliados estaban de vacaciones fuera del país. El perjuicio estimado supera los 1.500 millones de pesos.
Las denuncias por presuntas e insólitas maniobras de estafa en la delegación fueguina del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llegaron al Congreso de la Nación. El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Coky” Araujo (Unión por la Patria), impulsó formalmente la creación de una Subcomisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados. El objetivo es esclarecer un circuito sistemático de desvío de fondos públicos que, según el legislador y médico de profesión, afecta directamente los recursos destinados a la salud de la tercera edad.
Las sospechas de fraude apuntan a la facturación de prestaciones médicas complejas e insumos que jamás se realizaron ni existieron. Hasta el momento, el desfalco calculado bajo la lupa parlamentaria asciende a más de 1.500 millones de pesos, aunque estiman que la cifra final podría incrementarse drásticamente.
El origen del fraude se encuentra en órdenes falsas en centros de Río Grande. La punta del ovillo de la investigación se inició a raíz de movimientos sospechosos detectados originalmente en la Clínica Medici, donde comenzaron a aparecer de forma masiva órdenes médicas electrónicas emitidas a nombre de profesionales que desconocían el trámite. El detonante definitivo fue la facturación sistemática de un equipamiento de diagnóstico de alta complejidad médica que nunca existió en las instalaciones de dicho centro de salud ni en ningún otro de la ciudad de Río Grande. A pesar de la inexistencia física del aparato, el sistema de PAMI validó, facturó y pagó de forma electrónica las prácticas virtuales asociadas a este. Tras destaparse la situación en la Clínica Medici, el mismo modus operandi de sobrefacturación y órdenes sospechosas comenzó a registrarse en otros centros de salud de la zona, señalando puntualmente irregularidades similares en el sanatorio Cemep.
Los detalles recolectados en el expediente de la denuncia penal —radicada originalmente en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI-PAMI)— exponen situaciones inverosímiles dentro del circuito de auditoría del organismo sanitario, como prácticas biológicamente imposibles. Se constató la autorización y cobro de costosos estudios de fertilidad avanzada ordenados a mujeres de 80 años, así como a pacientes que carecían de útero por intervenciones quirúrgicas previas. También se detectaron casos de afiliados a los que se les llegó a facturar una “batería de hasta siete estudios en simultáneo” (que incluían placas, ergometrías y pruebas de funcionalidad pulmonar) en fechas específicas donde se comprobó que los jubilados se encontraban vacacionando en Brasil.
La investigación parlamentaria busca discernir si las prescripciones fueron autorizadas conscientemente por los médicos involucrados o si terceras personas vulneraron los sistemas de seguridad informática utilizando de forma ilegítima las claves de firma digital de los profesionales del área de salud.Conexiones políticas y la lupa sobre las licitaciones.
En el plano político, el diputado Araujo apuntó fuertemente contra las designaciones de la actual conducción y el manejo de los fondos presupuestarios en la provincia, calificando al PAMI como una “caja política de los dirigentes libertarios” locales, haciendo referencia a los referentes oficialistas Agustín Coto y Santiago Pauli. La mira está puesta, además, en el rol de Fernando Polizzi, anterior jefe de la gestión local de PAMI. Polizzi se encuentra salpicado por el direccionamiento de contrataciones de servicios y prótesis a favor de empresas seleccionadas “a dedo” en detrimento de otros oferentes del mercado. Ahora Polizzi está vinculado el Puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por la administración nacional, y por la que se sospecha un irregular contrato del servicio de limpieza en el puerto: una licitación que antes cotizaba en 70 millones de pesos por un año de vigencia, pasó a adjudicarse bajo el esquema actual por una suma de 500 millones de pesos por apenas 6 meses.
El nexo genera mayor controversia dado que el funcionario responsable de este contrato, respondiente directo a la estructura de Agustín Coto en el armado de La Libertad Avanza, fue desplazado recientemente de la órbita del PAMI y reubicado en la intervención del Puerto.
Ahora, con la creación de la subcomisión investigadora, se busca sortear el “parate” administrativo actual y cruzar bases de datos documentales que incluyen correos electrónicos de funcionarios y millares de registros de órdenes médicas fraguadas. Al presentar el proyecto, Araujo cosechó el respaldo inmediato de diputados de múltiples provincias (como Santa Cruz y Santa Fe) quienes manifestaron registrar los mismos inconvenientes en sus distritos, aunque carecían de la trazabilidad y las pruebas acumuladas en Río Grande.
“Me moviliza la parte moral por el hecho de ser médico”, afirmó Araujo por Radio Provincia, quien concluyó exigiendo que la Justicia avance a fondo y ordene el levantamiento del secreto bancario, el peritaje de las cuentas telefónicas y el análisis patrimonial de los funcionarios políticos locales que deliberadamente omitieron los mecanismos elementales de control de la salud pública.
