El petrolero VS Promise, de bandera británica, llegó al Puerto de Ushuaia tras operar en la Cuenca Marina Austral y abrió un nuevo conflicto entre Tierra del Fuego y el Gobierno nacional por la soberanía y la intervención de la terminal. Varias figuras ya consideran al hecho como una provocación y reclaman explicaciones.
Según el portal Agenda Malvinas, “para que un buque petrolero opere en la monoboya de Cullen y acceda a terminales marítimas bajo jurisdicción provincial y nacional, debe superar un estricto circuito de fiscalización y permisos”, y enumera los siguientes:
- Secretaría de Hidrocarburos / Energía de Tierra del Fuego: En su condición de autoridad de aplicación de los recursos hidrocarburíferos provinciales en el marco de la “Ley Corta” de Hidrocarburos (Ley Nacional 26.197), es el organismo provincial que debe autorizar, coordinar y fiscalizar los volúmenes de despacho, los balances de extracción y los protocolos ambientales y operativos de las terminales de exportación en tierra y aguas someras.
- Prefectura Naval Argentina y Dirección Provincial de Puertos (DPP): Como autoridad marítima y portuaria, respectivamente, otorgan los despachos de entrada y salida, el control de seguridad de la navegación, el practicaje y la asignación de sitio de amarre en el muelle de Ushuaia.
- Secretaría de Energía y Aduana Nacional: Intervienen en los permisos de exportación de crudo y control fiscal aduanero de las divisas y cargamentos.
“El eje central del creciente debate en Tierra del Fuego emerge en la opinión pública, es si la presencia del buque está violando la Ley Provincial N.º 852 (“Ley Gaucho Rivero”) —normativa que sanciona a buques vinculados a la logística de la exploración ilegítima directamente en el área de Malvinas—, o está ligado exclusivamente a la responsabilidad política, regulatoria y administrativa de las autoridades de Tierra del Fuego y de la Nación al convalidar que la logística de exportación de hidrocarburos fueguinos sea operada por navíos con bandera británica sin una explicación pública oficial sobre cómo se contrató y quién autorizó el operativo”, concluyen.
