Ante la inacción del gobierno libertario, ambientalistas y excombatientes denunciaron en la Justicia Federal de Tierra del Fuego el megaproyecto petrolero offshore Sea Lion que lleva adelante de manera ilegal un consorcio conformado por una empresa británica, una israelí y una canadiense.
La presentación se da en la antesala de una cadena nacional por los dichos del presidente norteamericano Donald Trump que el Gobierno toma como un giro en “la causa más importante y sagrada de los argentinos”. La acción exige la suspensión de las obras y el financiamiento del desarrollo petrolero en la Cuenca Malvinas Norte.
En 2015, el gobierno de Cristina Kirchner promovió una denuncia penal que aún tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. En dicho expediente se dictaron embargos millonarios y órdenes de secuestro de buques contra las compañías internacionales que operaban sin autorización del Estado argentino en la plataforma continental. En 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se inició un proceso de sanciones a las empresas que incluyó a la israelí Navitas Petroleum.
