El gobierno nacional le concedió los beneficios extraordinarios del RIGI a un proyecto integrado por una petrolera que sigue alcanzada por las sanciones argentinas. Se trata de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, la sociedad que desarrolla uno de los principales proyectos de exportación de GNL del país.
Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional. El caso excede una contradicción política y abre un interrogante de naturaleza penal. La Ley 26.659 establece prohibiciones y sanciones para quienes participen de la explotación hidrocarburífera británica en la plataforma continental argentina. Por eso deberá determinarse si el Gobierno violó esa legislación al permitir la participación de Harbour en un proyecto estratégico y, sobre todo, al concederle indirectamente beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios mediante el RIGI. (LPO)
