Ante cuatro negativas consecutivas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Muelles (ANPYM), la Justicia debió intervenir para ordenar el ingreso del personal de la Secretaría Legal del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia. La medida se concretó luego de que la Fiscalía de Estado presentara una denuncia penal ante la reticencia del puerto a permitir las tareas de control.
Lisi Cristófano, secretaria legal de la cartera ambiental, se refirió al operativo y señaló que, tras el fallo judicial, “encontramos lo que esperábamos encontrar en un puerto”. La funcionaria explicó que el relevamiento permitió constatar la presencia de tachos con residuos peligrosos habituales para la actividad portuaria —tales como agua con aceite e hidrocarburos—, los cuales cuentan con un circuito especial de tratamiento y transporte.
Si bien desde la ANPYM habían afirmado que no tenían residuos peligrosos, luego se desmientieron a sí mismos, y manifestaron lo contrario, diciendo que si tenían este tipo de residuo, pero que estaban a la espera de ser retirados. Ante esta situación, Cristófano recordó que “los competentes para decir cuáles son los residuos peligrosos es la provincia” y enfatizó que el puerto actúa como eslabón generador dentro de una cadena que también involucra a los transportistas.
Desde el área de Ambiente confirmaron que las instalaciones portuarias y las agencias marítimas continúan operando con normalidad bajo la supervisión de personal especializado. “Tenemos el deber y el derecho de fiscalizar; esperamos que a partir de esto no tener que pedir asistencia a la justicia continuamente”, concluyó la funcionaria.
