La secretaria Legal y Técnica del Gobierno de Tierra del Fuego, María Ángeles Arroyo, afirmó que la Provincia prepara medidas legales tras el anuncio de la prórroga de la intervención del puerto y sostuvo que la resolución 69, emitida dos días atrás, aporta nuevos elementos para impugnar esos actos administrativos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En declaraciones a FM del Pueblo, Arroyo explicó que el equipo jurídico trabaja en distintas estrategias para incorporar lo ocurrido como un agravante en el expediente que tramita ante el máximo tribunal. Según señaló, la intervención se justificó en supuestas deficiencias de infraestructura que, a su entender, nunca existieron: “Venimos afirmando que esto no es así. La prueba clara es que el puerto siguió funcionando de manera normal, no hubo ningún accidente”.

La funcionaria agregó que la resolución 69 deja en evidencia lo que calificó como “una falacia” respecto del plan de obras adjuntado. De acuerdo con su relato, sobre un total de nueve obras presentadas como en curso, apenas una se ejecuta desde septiembre, la vinculada a un cambio en el muelle, mientras que el resto figuran programadas para 2027.

“Es grave que mientan de esta manera en actos administrativos”, advirtió Arroyo, y remarcó que esos proyectos ya venían tramitándose en la Dirección Provincial de Puertos (DPP): “Están los expedientes en curso, no era algo que se estaba dejando de hacer. Estaban totalmente previstas dentro del plan de obras de la DPP. Esto es gravísimo”.