El Gobierno del presidente Javier Milei anunció el lanzamiento de una reforma migratoria que incluirá más requisitos para la residencia de extranjeros, la obtención de la ciudadanía, la educación y atención medica en el país y la deportación para quienes comentan un delito.
El anuncio fue anticipado por el vocero presidencial Manuel Adorni y luego ampliado en un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, donde este miércoles se expuso que Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar en una “profunda modificación del Régimen Migratorio”.
La medida tiene como objetivo restringir el ingreso y la permanencia de extranjeros que no cumplan con ciertos requisitos legales, en especial en lo relativo a antecedentes penales y uso de servicios públicos financiados por el Estado.
“Hoy tenemos una política migratoria que invita al caos y el abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un fututo de prosperidad”, afirmó Adorni y cuestionó que “entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”.
Según el comunicado oficial, la decisión se fundamenta en la necesidad de ordenar un sistema que, según el Gobierno, fue desvirtuado en las últimas décadas por políticas populistas y una falta de controles efectivos. Se estima que en los últimos 20 años ingresaron al país cerca de 1.700.000 extranjeros de forma irregular . “Inmigrantes que vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiar”, calificó Adorni.
El funcionario señaló que “hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y a forjar su futuro en las buenas de la ley”, por lo que “no es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley”.
En primer lugar, “se establece que, a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país, y que aquellos que cometan un delito en nuestro territorio, cualquiera sea su pena, serán deportados. Esto implica que los ilícitos con penas menores a 5 años, que no eran motivo de rechazo de ingreso al país o de deportación, desde este momento se tendrán en cuenta”.
Por otra parte, “se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares, y además se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina”. En el comunicado detallaron que solamente durante el año 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto aproximado de 114 mil millones de pesos.
En cuanto a la obtención de la Ciudadanía argentina, se endurecen los requisitos y, a partir de ahora “se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina”.
Por su parte, en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales.
A su vez, “se autoriza a las Universidades Nacionales a que, de optar por hacerlo, establezcan aranceles para los servicios educativos universitarios dirigidos a residentes temporarios”.
Desde el Gobierno aclararon que “se mantiene el acceso gratuito a la educación primaria y secundaria para todos los residentes, quienes podrán seguir accediendo de la misma manera que los ciudadanos argentinos, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.
