Ahora, será la Justicia de Tierra del Fuego la que tendrá que investigar el escándalo de corrupción en la entidad.
Según el comunicado de la Justicia Federal, “la Dra. Borruto declaró la incompetencia de la justicia federal para investigar los hechos denunciados y envió la causa al Juzgado de Instrucción de turno de la justicia provincial de Tierra del Fuego”.
“El 19 de junio de 2025 se recibió en este juzgado una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Federal de Río Grande el 17 de junio del mismo año. En ese escrito se enumeraban una serie de conductas atribuidas a miembros y directivos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande que, a criterio del denunciante, constituirían delitos”, dice el comunicado.
Y argumenta que los hechos denunciados “no afectan directamente intereses federales ni hacen a la competencia de los organismos de control nacionales vinculados con la gestión del servicio público de energía eléctrica. El organismo en el que se desempeñan los denunciados tiene carácter local y su constitución, manejo y control son ajenos al ámbito federal. Las personas denunciadas pertenecen a una entidad que representa intereses de la ciudadanía de Río Grande en virtud del servicio público que brindan en esa localidad. Incluso en el hipotético caso de que el organismo al que pertenecen las personas denunciadas hubiese recibido dinero del tesoro nacional (lo que deberá investigarse si sucedió), los intereses comprometidos son directamente locales, pues afectan a esa entidad y a su patrimonio.
En definitiva, dado que los hechos denunciados no constituyen delitos que puedan ser investigados en el juzgado federal, su trámite deberá continuar ante los tribunales provinciales”.
“No existe en el Juzgado Federal de Río Grande, ningún procedimiento de intervención judicial sobre la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande”, concluye la misiva. (Tarde pero seguro)
