El polémico proyecto del legislador de Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas, establece con su sanción la creación de un “Registro de Defunciones Fetales” en el Registro Civil. Serán madres, padres y abuelos de los no nacidos los que podrán inscribirlos en los casos en que, por la razón que fuera, el embarazo no haya llegado a término y de él no haya habido nacimiento.
“Es una ley general sobre la frontera en el Registro Civil Provincial, y en ese boleo metieron esto como un apartado que regula y crea el Registro de Defunciones Fetales. Este registro, si bien pareceríaque habla de de niños no nacidos, propone ofrecer herramientas para transitar los duelos perinatales, es decir la muerte en el marco de embarazos deseados. El problema es que lo que señala uno de sus artículos es que no importa la edad gestacional de la pérdida”, explicó a elDiarioAR Betania Longhi, miembro de la Mesa del Parto Respetado.
“Esto nos alerta porque podría traer un escenario espantoso. Por ejemplo, que mientras una piba que decide interrumpir su embarazo a las 12 semanas como regula la ley de IVE haya otra persona que pueda ir al civil y hacer un registro con nombre y apellido”, profundizó.
Para Longhi, “esto también resulta problemático por sale del marco de funciones del registro para personas”. Y continuó: “El otro gran problema es que se habilita a que lo pida otra persona que no sea la madre ni la persona gestante porque dice que es indistinto. Y acá, lo que nosotros señalamos es que esto viola directamente los derechos reproductivos y la centralidad de la persona gestante en los procesos de embarazos deseados. También señala que para personas que tienen tutela la decisión podría ser tomada por personas a cargo y ascendientes hasta primer grado”.
“En estos casos siempre hay que pensar en lo peor. En un caso terrorífico, por ejemplo, donde una piba decide abortar, el padre podría pedir que se registre con nombre y apellido como una pérdida. O, en una situación de una niña abusada podría su familia decidir hacer el registro”, ejemplificó Longhi.
Es por todo esto que distintas organizaciones feministas fueguinas le pidieron al gobernador Gustavo Melella que vete parcialmente la ley, que se saque el articulado que genera ruidos y que se planteé una normativa “acorde y específica con perspectiva de género y derechos humanos”.
Ahora será el Ejecutivo provincial el que deberá definir si promulga la norma tal como está, la veta parcialmente o la devuelve a la Legislatura para su revisión, en un debate público que seguirá abierto.
