Finalmente, la causa iniciada a partir de una denuncia de la Dirección General de Aduanas, referida a una importación de supuesto material tecnológico al Área Especial de Tierra del Fuego, fue elevada a juicio oral.
Lo que en realidad eran simples cajas vacías o “tecnología basura”, servía para registrar una compra fraudulenta por 1,5 millones de dólares.
Por el hecho, fueron procesados dos de los directivos de la empresa KMG Fueguina SA; una despachante de aduana de la ciudad de Río Grande y el socio gerente de una empresa que habría prestado su nombre para una de las operaciones (Ingeniería 65 SRL) radicada en la ciudad de Ushuaia.
En 2022, la Aduana emitió un informe en el que se consignó que si se considera la brecha entre el dólar oficial de ese entonces y el contado con liquidación, haberle permitido girar a la empresa importadora 1,5 millones de dólares le hubiera implicado una ganancia ilícita de 300 millones de pesos.
“Es difícil investigar causas de contrabando que implican organismos internacionales, y más cuando son de criminalidad económica, y requieren bastante tiempo y estudio”, dijo por FM Del Pueblo Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de la Dra. Mariel Borruto
La información fue requerida a entes tributarios de Estados Unidos, como el estado de Delaware, considerada una guarida fiscal, porque tiene bajos requisitos para la formación de sociedades, y casi nula recaudación tributaria. Allí hubo que pedir la autenticidad de esas facturas, o no.
“Las placas no tenían un valor comercial real, se veía muy bien el packagin, parecían de buena calidad, pero en definitiva no servían para nada”, concluyó Vicente.
