El abogado penalista Francisco Gimenez advirtió sobre la falta de imparcialidad en la Justicia local y el “sesgo de confirmación” en delitos de abuso sexual. El caso de un hombre condenado a 12 años, a pesar de haber probado la falsedad de una denuncia previa, reaviva la polémica sobre la presunción de inocencia.
Giménez cuestionó con dureza el funcionamiento del sistema judicial fueguino, al que calificó de “perverso” por la inversión de la carga de la prueba en delitos de abuso sexual. Según el letrado, existe una tendencia sistemática a confirmar denuncias sin investigar la veracidad de los hechos, lo que deriva en condenas a personas inocentes.
El detonante de la crítica fue el caso de un ciudadano que, tras ser denunciado por violación, logró aportar una grabación donde la denunciante admitía la falsedad del hecho y pedía perdón. Pese a que la prueba fue presentada tempranamente, Giménez denunció que la Justicia mantuvo al hombre sometido a proceso durante dos años más, dictando finalmente un sobreseimiento por “duda” y no por inexistencia del delito.
Para Giménez, el problema radica en que jueces, fiscales y peritos han perdido la imparcialidad. “Parten de investigar que la denuncia es cierta; solo queda determinar quién fue el culpable”, explicó. Bajo esta lógica, los operadores judiciales tomarían solo los elementos que confirman su hipótesis inicial, descartando cualquier prueba o contradicción que favorezca al acusado.
Por FM Del Pueblo, el abogado señaló que esta metodología ha infectado el sistema bajo una interpretación errónea de la “perspectiva de género”, transformando los procesos en una “pequeña inquisición” donde se asume que la mujer o los menores nunca mienten.
El caso adquiere ribetes más dramáticos dado que el mismo hombre purga hoy una condena de 12 años de prisión por una segunda denuncia de abuso. Giménez sostiene que esta segunda acusación fue orquestada por sectores de colectivos locales que presionaron a la denunciante para incriminarlo falsamente.
“La sociedad puede soportar que queden culpables libres por fallas del sistema, lo que no podemos soportar es que haya un inocente preso”, sentenció el letrado, recordando que la presunción de inocencia es un derecho constitucional que se encuentra vulnerado en este tipo de procesos en la provincia.
