Antonela Guevara, abogada e integrante de la comunidad indígena Rafaela Ishton, denunció públicamente el retiro ilegal de más de 20.000 toneladas de árido crudo de su territorio.
Guevara calificó el hecho como “un saqueo a espaldas de mi pueblo” y apuntó contra la presunta complicidad de un miembro de la comunidad, la empresa Vialagro —excontratista del aeropuerto local— y la falta de controles del Estado.
Según Guevara, la comunidad intentó resolver el conflicto de manera interna desde febrero para evitar un escándalo mediático. Sin embargo, la situación escaló tras la intervención de terceros que “compran voluntades” y la publicación en redes sociales de una lista con 150 nombres para desviar la atención.
“La ley prohíbe la actividad de terceros dentro del territorio y exige un plan de manejo y habilitaciones que no existen”, afirmó la abogada por FM Del Pueblo. Tras ratificar que no será cómplice de los negocios de unos pocos, Guevara confirmó que ya solicitaron explicaciones formales y exigió que la justicia tome cartas en el asunto de manera urgente.
