Río Grande fue el escenario elegido para dar inicio al primer encuentro federal, en el marco de la ley de Capitales Alternas, algo que había sido adelantado esta semana por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El mandatario provincial aseguró que la “mayor urgencia” en Tierra del Fuego es “recuperar el empleo perdido en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri” y, como ejemplo, argumentó que en ese distrito se pasó de contar con “12 mil puestos de trabajo en la industria electrónica, que es de punta a nivel internacional, a solo un poquito más de 5 mil”.

Mencionó también como prioridad “extender el régimen de promoción industrial para la provincia, que vence en 2023” y que en Tierra del Fuego permitió un gran desarrollo tecnológico.

Según la norma de capitales alternas, el Ministerio del Interior coordinará con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales el plan de trabajo de las reuniones, que, si las condiciones sanitarias por el coronavirus lo permiten, serán cada 30 días.

Es decir, 24 reuniones en 24 meses, en las que está previsto que participen el presidente Fernández y De Pedro, además de representantes de cinco Ministerios nacionales, que irán rotando de acuerdo con las problemáticas de las provincias.

“De acuerdo con el principio fundamental del federalismo, todas las provincias deben hallarse en igualdad de condiciones”, postuló el Jefe de Estado en los argumentos del proyecto que envió al Congreso y luego se convirtió en ley.

“Una de las características de nuestro país es, justamente la existencia de importantes desigualdades entre sus regiones; es necesario lograr un desarrollo armónico que proporcione acceso a condiciones de vida equitativas, que favorezcan un genuino proyecto en común para todos los habitantes de nuestro país”, sostuvo entonces el Presidente.

Además, Fernández marcó en la iniciativa el objetivo de “garantizar igualdad en los niveles de prestación de servicios públicos, en equipamientos y en infraestructuras”.