El proyecto de Ley de planeamiento estratégico federal, evaluación, acreditación y registro de los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) que presentó Maximiliano Ferraro, diputado de Juntos por el Cambio, propone la creación de un ente regulador: la Comisión Nacional de Acreditación y Registro de Institutos Superiores de Formación Docente (CONARFOD), que sería la encargada de homologar planes de estudios y acreditar a los profesorados.
La CONARFOD estaría integrada por un representante de “reconocida trayectoria académica” de cada región del CFE, tres académicos a propuesta del Ministerio de Educación Nacional, dos representantes de la cartera, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Docente más otros dos representantes de la provincia cuyo profesorado sea objeto de acreditación. De esa instancia dependerá que los títulos tengan alcance nacional. Es decir, que un docente recibido pueda dar clase en cualquier escuela del país.
El proyecto de ley pretende que el gobierno nacional recupere centralidad en las políticas públicas de formación docente. Los profesorados, al igual que las escuelas, pertenecen a las provincias, lo cual desde los ‘90 generó una fuerte atomización del sistema. De hecho, dentro de las atribuciones de la CONARFOD estará la evaluación externa de los profesorados; una medida que ya generó polémica en la Ciudad de Buenos Aires cuando se intentó aplicar.
El texto, que lleva la firma de otros 10 diputados de Juntos por el Cambio, ya tomó estado parlamentario y empezaría a discutirse en las próximas semanas en la Comisión de Educación. El proyecto va en línea con otros tres que la oposición presentó hace poco más de un mes.
