La Provincia de Tierra del Fuego interpuso una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), solicitando que se declare inválida la resolución que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por considerar que viola la autonomía provincial y el régimen federal.
El Juez Federal Federico Calvete declaró su incompetencia para intervenir en la causa y resolvió que el expediente corresponde a la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En su escrito, el juez basó su decisión en el artículo 117 de la Constitución Nacional y por esa razón rechazó expedirse sobre la medida cautelar solicitada.
Además, el Dr. Calvete resolvió no expedirse sobre la medida cautelar (que buscaba suspender los efectos de la intervención de inmediato) argumentando que, al ser incompetente, la Ley 26.854 le prohíbe dictar cautelares contra el Estado “salvo que estén en juego derechos de sectores vulnerables o la vida digna, excepciones que no se configuran en este conflicto administrativo”.
