Luego de que la Justicia Federal se haya declarado incompetente para intervenir, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un litigio entre un Estado provincial y el Estado nacional.
Los abogados de la DPP se encuentran preparando presentaciones para que la administración del puerto sea restituida a la Dirección Provincial. Luego continuará la actuación administrativa o judicial.
El puerto se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desde el 20 de enero. Según la denuncia de las autoridades del puerto, los interventores se encuentran desviando la recaudación, en una cuenta ajena a la órbita de la provincia.
“Cuando preguntamos cual era el plan de trabajo no respondieron absolutamente nada”, dijo el presidente de la DPP Roberto Murcia.
