El legislador provincial Juan Carlos Pino expresó su rechazo al Decreto Nacional 764/26, mediante el cual el Gobierno nacional habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a avanzar sobre un predio de aproximadamente 38 hectáreas ubicado en un sector estratégico de la capital fueguina.
Pino cuestionó la decisión del Gobierno del presidente Javier Milei y sostuvo que la eventual venta de las tierras fue resuelta de manera unilateral y sin participación de las autoridades locales y provinciales.
El inmueble comprende más de 382.000 metros cuadrados y se encuentra en un sector delimitado por las calles Yaganes, Héroes del ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Monte Horeb, próximo al edificio donde se desarrollan las sesiones de la Legislatura provincial.
Según señaló el parlamentario, se trata de tierras particularmente valiosas por su ubicación dentro del ejido urbano y por encontrarse en una zona que cuenta con servicios de gas, agua y cloacas.
Un espacio reservado para un parque recreativo
Pino recordó que sobre esas tierras existían iniciativas municipales destinadas a preservar el sector para uso comunitario.
En ese sentido, mencionó la Ordenanza Municipal 5071, sancionada en 2016, mediante la cual se reservó el lugar para un Parque Recreativo y se impulsaron gestiones vinculadas con el traspaso de las tierras.
El legislador sostuvo que el predio, históricamente bajo custodia del Estado nacional a través de la Armada Argentina, constituye uno de los últimos grandes espacios disponibles dentro de un sector central de Ushuaia.
Desde esa perspectiva, cuestionó que Nación avance con una operación inmobiliaria sin una discusión previa respecto del destino que la ciudad pretende otorgar a esas tierras.
Pino vinculó además esta situación con otro inmueble nacional ubicado en Bahía Golondrina, conocido como “Los Coreanos”, que también habría sido incorporado a procesos de venta.
Pino recordó una iniciativa presentada cuando era concejal
El legislador recordó además que en 2006, durante su etapa como concejal de Ushuaia, presentó un proyecto destinado a posibilitar la apertura de una calle dentro del sector correspondiente a la Base Naval.
La propuesta fue aprobada y la apertura pudo concretarse finalmente en 2015.
Según destacó, aquella intervención permitió mejorar la conectividad urbana, descomprimir el tránsito y agilizar la circulación vehicular durante los horarios de mayor movimiento.
Pino utilizó ese antecedente para remarcar la importancia que pueden tener las tierras nacionales ubicadas dentro del ejido urbano cuando existe coordinación entre las distintas jurisdicciones y una planificación orientada a las necesidades de la comunidad.
Cuestionamientos por la falta de consulta
Uno de los principales cuestionamientos formulados por el parlamentario estuvo dirigido al procedimiento mediante el cual se decidió avanzar sobre las aproximadamente 38 hectáreas.
Pino afirmó que no existió articulación, consulta previa ni consenso con la Municipalidad de Ushuaia o el Gobierno de Tierra del Fuego.
También sostuvo que la decisión nacional desconoce las facultades municipales vinculadas con la planificación urbana y las normas de uso y ocupación del suelo.
Para el legislador, la controversia excede la discusión sobre la titularidad de las tierras y alcanza al modelo de ciudad y al destino que tendrán espacios considerados estratégicos para el crecimiento futuro de Ushuaia.
“Todo se reduce a un inventario liquidable al mejor postor”
Pino formuló fuertes críticas al modelo económico del Gobierno nacional y encuadró la venta de los terrenos dentro de una política que, según consideró, desconoce las particularidades y necesidades de Tierra del Fuego.
“Para el modelo económico de Milei no existen la soberanía, la preservación ambiental ni las necesidades de Ushuaia; todo se reduce a un inventario liquidable al mejor postor”, expresó.
El parlamentario pidió frenar lo que calificó como un “atropello” contra la provincia y sostuvo que la situación de las tierras no puede analizarse de manera aislada.
En ese marco, incorporó a sus cuestionamientos la intervención del Puerto de Ushuaia, la Base Naval Integrada y las modificaciones en la política arancelaria vinculada con la industria fueguina.
“El Gobierno nacional se lleva más de 22.000 millones de pesos que son de nuestra provincia. Además, a través de la Base Naval Integrada pretende entregar nuestra soberanía a Estados Unidos. A esto se suma la baja de aranceles que destruyó la industria fueguina generando la pérdida de miles de empleos”, afirmó Pino.
“Las decisiones nacionales van en detrimento de los fueguinos, de la soberanía y de los puestos de trabajo”, remarcó.
Convocatoria a todas las fuerzas políticas
Finalmente, Pino convocó a las distintas expresiones políticas de Tierra del Fuego a asumir una posición conjunta frente a la decisión nacional.
El legislador justicialista planteó la necesidad de repudiar el Decreto 764/26 y solicitar formalmente al Gobierno nacional que desista de avanzar con la venta de las tierras.
Para Pino, la discusión no se limita al futuro de un predio de 38 hectáreas, sino que involucra la capacidad de Ushuaia y de Tierra del Fuego de intervenir en las decisiones sobre espacios estratégicos ubicados dentro del territorio provincial.
En ese sentido, reclamó que cualquier definición sobre esas tierras contemple las necesidades urbanas, ambientales y sociales de la ciudad y respete las competencias de las autoridades fueguinas.
