El Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich intimó mediante un documento al sindicato de los Moyano a cubrir los costos del operativo el día de la movilización a Tribunales del 27 de diciembre. Advierten posibles acciones legales.
El Gobierno Nacional requirió al Sindicato de Camioneros el pago de $40 millones en concepto de los gastos generados durante la protesta llevada a cabo el 27 de diciembre en los Tribunales porteños, en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Javier Milei. La solicitud fue formalizada a través de una comunicación enviada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El documento, dirigido al apoderado del Sindicato de Camioneros, detalla que se determinó el costo total asumido por el Estado para el despliegue del operativo durante la mencionada jornada, incluyendo la identificación de las organizaciones responsables de la interrupción del tránsito vehicular, entre las cuales se encuentran UTEP, MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, Agrupación Izquierda Socialista, Unión Obrera Metalúrgica, Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica y CTA Autónoma.
La carta insta al Sindicato de Camioneros a realizar el “pago solidario” de la suma de $40.419.227,56 en un plazo perentorio de diez días hábiles desde la recepción de la notificación. Esos fondos se destinarían a cubrir los costos operativos asociados con la preservación del orden público y la cesación de actos ilegítimos durante la mencionada movilización.
En caso de incumplimiento, la comunicación advierte sobre la posible iniciación de acciones legales pertinentes. Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), se estima que esta medida podría extenderse a los demás movimientos mencionados en el comunicado.
Cabe recordar que esta sanción por parte del Gobierno, anunciada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como parte de su protocolo antipiquetes, ya había sido anticipada poco después de la asunción de Javier Milei como titular del Ejecutivo. La ministra había señalado en esa ocasión que las organizaciones o individuos responsables de motivar la movilización de fuerzas de seguridad para garantizar el orden público durante manifestaciones serían responsables de cubrir los costos asociados a dichos operativos.
