La reforma de la ley penal juvenil entrará en plena vigencia el próximo 6 de septiembre. Los fiscales de Tierra del Fuego ya intervienen ante una ola de más de 60 denuncias por intimidación pública en baños y establecimientos escolares.
Hasta hoy, muchos de estos actos quedaban en un vacío legal debido a la edad de sus autores. Sin embargo, el escenario cambiará drásticamente en pocos meses. Si bien la ley anterior sigue vigente de manera transitoria, la nueva reforma penal juvenil —promulgada hace meses— entrará en vigor el 6 de septiembre, tras cumplirse el plazo de 180 días de su adecuación.
El cambio más significativo es la baja de la edad de imputabilidad. A partir de los 16 años, los menores que cometan delitos graves ya podrán enfrentar penas de cárcel efectiva.
Aquellos que anteriormente eran considerados “inimputables” por completo, ahora podrán ser objeto de reproche legal y medidas procesales a partir de la implementación de la nueva norma.
El encuadre legal de intimidación pública contempla penas de hasta 6 años de prisión. Dada la mayor peligrosidad que representan estas amenazas para la paz social, se busca aplicar este criterio jurídico en todo el país.
“Una respuesta penal llegaría a lo último; después de eso no hay nada”, advirtió el Fiscal Eduardo Urquiza por FM Del Pueblo.
En este contexto, se hace un llamado urgente a la responsabilidad parental. Ante la escalada de situaciones, la justicia comenzará a citar a las familias para que respondan por los actos de los menores.
