El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de la “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, una iniciativa de 133 artículos que busca endurecer los reclamos sobre las Islas Malvinas, pero que además incorpora polémicos cambios en el control financiero y la persecución del terrorismo.
La nueva propuesta permite al Poder Ejecutivo señalar a personas o empresas como vinculadas al terrorismo basándose únicamente en “motivos razonables de sospecha”, dejando de lado la necesidad de un delito penal o un juicio previo.
Para lograrlo, la normativa contempla mudar e incorporar bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF) el control del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Con este cambio, bastará con una sospecha de este organismo de control para incluir a cualquier sospechoso en la lista negra.
Quienes queden registrados en el RePET enfrentarán un congelamiento patrimonial total y automático, que incluye la Inmovilización de bienes, un bloqueo inmediato de fondos, cuentas bancarias y activos económicos, un impedimento absoluto para hacer transferencias o disponer de dinero, y la pérdida del derecho a recibir subsidios, beneficios fiscales o firmar contratos comerciales con el Estado.
El proyecto de ley ya genera intensos debates en el ámbito legislativo y judicial. Mientras el oficialismo defiende las medidas como indispensables para la seguridad nacional en un escenario global complejo, sectores de la oposición y especialistas en derecho alertan sobre el peligro de otorgar facultades tan amplias a un organismo administrativo sin la debida intervención de los jueces.
