La Justicia Federal condenó a José Onofre Villarroel Soto, chileno de 63 años, dueño de la estancia San Justo, como responsable del sometimiento por casi un año del peón de 44 años, que vivió en condiciones paupérrimas por un año en la estancia sin recibir paga alguna.
Villarroel Soto enfrenta una demanda civil por más de 21 millones de pesos que se le inició por parte del peón E.M. de 44 años, salteño de origen humilde, quien llegó a la provincia en busca de un mejor porvenir económico.
Trabajando en Tolhuin es que conoce a Villarroel Soto, quien primero lo empleó para el desmonte de un terreno, cuestión que le pagó con demora y ante el pedido del demandante, para luego ofrecerle trabajo en la estancia San Justo como cuidador, con un sueldo de 20 mil pesos, vivienda y comida.
Ante su acuciante necesidad económica, E.M. aceptó y rápidamente las condiciones laborales cambiaron a 15 mil pesos mensuales (que nunca cobró) y las condiciones de vivienda y comida paupérrimas e inexistentes en el caso del sustento alimentario diario.
Ante ello la demanda civil que ahora hay contra Villarroel Soto es por “haberme ofrecido, captado, trasladado, recibido y acogido con fines de explotación, mediante engaño, fraude, violencia y/o amenaza, aprovechándose de mi situación de vulnerabilidad, todo ello con fines de explotación laboral”, señala la parte demandante.
“Es alentador que un juzgado provincial haya tomado esta determinación, pone de manifiesto que es un delito y debe ser calificado por toda la sociedad, es un hecho aberrante, pareciera ser que vivimos en la época feudal”, dijo Marcelo Romero, ministro de trabajo de la provincia, por FM Del Pueblo.
“Estas situaciones deben corregirse. Actuamos en el ámbito administrativo en cuanto a la protección del trabajo infantil, del trabajo adolescente, pero esto excede porque es un delito”, agregó Romero
Y destacó “la valentía del trabajador, de llevar adelante esta acción con su patrocinante. Hubo una justicia y actuó”.
En la demanda, el peón relató que “la cabaña donde fui explotado, no tenía agua potable, ni luz, ni calefacción, ni gas, ni baño, solo había una salamandra, lo que pudo acreditarse en la causa”, dijo, agregando, “el agua para tomar y bañarme era de lluvia y tenía que juntarla en un tacho. Y en el invierno, tenía que picar el hielo y esperar que se descongelara”.
“Lo que llamaba baño, era una especie de casilla que tenía un pozo, y nunca el Sr. Villarroel Soto me proveyó elementos de higiene”, expresó.
“Tampoco el Sr. Villarroel Soto me proveyó de comida. La cabaña tenía una despensa, pero los productos estaban todos vencidos, no eran aptos para que los consumiera. En ese tiempo tuve que alimentarme cazando guanacos y con lo que podía comprar con la “tarjeta social alimentaria”, que era lo que me decía el Sr. Villarroel Soto que hiciera, con la excusa que luego me repondría ese dinero, cosa que nunca hizo”.
Incluso E.M. relato que “en una oportunidad, debido a la nieve, cuando me encontraba levantando un poste del alambrado se cayó y me golpeó, sangrando durante cuatro días, hasta que pidió ayuda en el country vecino, ante lo cual señaló que Villarroel Soto lo reprendió.
Finalmente, el 20 de diciembre de 2019, cansado de este calvario, pidió auxilio ante un móvil policial de la Brigada Rural que patrullaba la zona, quienes lo rescataron y llevaron a sede policial para radicar la respectiva denuncia que derivó en la causa por la que el explotador fue condenado ayer a 8 años de prisión.
