Volvieron los ataques contra el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Esta semana el editorialista de La Nación, Joaquín Morales Solá, picó en punta con un fuerte cuestionamiento a la Ley 19640 que beneficia a la provincia.
Según la editorial publicada ayer por “la tribuna de doctrina”, como se autodenomina el diario fundado por Bartolomé Mitre, Morales Solá afirma que el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, “intocado hasta ahora, se erige así las cosas como un elefante en un páramo”.
El periodista cita un estudio de la Fundación Fundar, y sostiene que ese régimen “significó pérdidas para el Estado federal por valor de 2382 millones de dólares solo en el año 2023. ¿Por qué les aumentaban los impuestos a la clase media y a los productores agropecuarios si no hacían nada con el régimen especial de Tierra del Fuego que protege solo a dos o tres empresarios? ¿Por qué ese régimen impide la sana competencia con similares productos tecnológicos?”.
“El gobierno de Milei anunció una política económica de intensa competencia en todos los rubros de la economía, menos, hasta ahora, en los sectores que antagonizan con los productos protegidos de Tierra del Fuego. El dictamen de los diputados de Carrió resalta la necesidad de crear cuanto antes una Autoridad Nacional de la Competencia con capacidad para intervenir y, por ejemplo, frenar la cartelización”, continúa el editorialista.
Y sentencia que “peor que el privilegio es el silencio. Ni una sola voz oficial dijo nada sobre ese régimen de Tierra del Fuego que tiene vigencia hasta el año 2038, prorrogable por quince años más, según un decreto de 2021 de Alberto Fernández. ¿Derechos adquiridos? Si esa fuese la razón, Milei deberá resignarse a no hacer ningún cambio porque todos los sectores económicos y sociales podrían escudarse en el principio jurídico de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son aquellos que existen de hecho o de derecho por la práctica reiterada en el tiempo”.
