Julián Suárez estaba al frente de la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera, organismo dependiente de la Subsecretaría de Pesca de la Secretaría de Bioeconomía.
Suárez, quien tenía a su cargo la tarea de controlar la pesca ilegal, pegó el portazo en medio de denuncias de presiones para que avanzara en despidos masivos en el organismo que lideraba y llamados amenazantes para que beneficiara a una empresa encabezada por un ciudadano de origen chino acusada de pescar ilegalmente en el sur del país.
Aunque se trata de un funcionario de tercera línea, el revuelo en su salida se dio porque, según consignó la revista especializada Puerto, habría recibido una llamada amenazante de parte de un Coordinador General de la Cancillería que conduce Diana Mondino, Pablo Ferrara Raisberg, cuando se aprestaba a tomar cartas en el asunto ante un buque de capitales chinos que pescaba de manera ilegal merluza negra en el sur del país.
El escándalo tomó una dimensión tal que Ferrara Raisberg también presentó su renuncia este martes, aunque Mondino está en Vietnam por lo que aún no fue aceptada.
A pesar de este conflicto, no sería la única razón para la renuncia, ya que según informó Puerto, “le pidieron, el viernes pasado, que confeccionara una lista con 50 nombres para ser despedidos y que preparara una desregulación, eliminando las resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023”.
El desencadenante de la nueva renuncia habría sido la supuesta llamada recibida para interceder a favor de un barco pesquero llamado Tai An. Una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, pero cuyo dueño es un empresario de origen chino que vive en esa provincia dueño de la empresa Prodesur, consignó Puerto.
Días atrás, el Tai An estaba pescando en una zona prohibida la codiciada merluza negra que no puede pescar sin autorización, ni para barcos locales ni extranjeros ya que la depredación y la pesca furtiva en la zona del Mar Argentino está prohibida.
Suárez recibió la denuncia, pidió el derrotero del barco, antecedentes y parte de pesca electrónico para comprobar el ilícito y tras verificar que para ese momento llevaba capturadas 142 toneladas de merluza negra, preparó la nota para ordenar el inmediato regreso a puerto del buque, pero no pudo llevarlo a cabo, ya que habría recibido una llamada desde Cancillería.
El funcionario acusado de ese llamado fue Pablo Ferrara Raisberg quien, con un tono fuerte e intimidatorio, cuestionó el procedimiento y ordenó que el barco no debía regresar al puerto. Finalmente el subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, tomó intervención en el caso y ordenó que no regrese, pero que se mantenga fuera de la zona de veda de la merluza negra.
