El abogado defensor Fernando Lapadula fue consultado sobre el nuevo régimen penal juvenil, que se aprobó en el congreso, pero que no sería aplicable de igual manera en todas las provincias del país.
Esta semana se conoció que en Tierra del Fuego ya hay tres personas afectadas al nuevo régimen. “El tema de la implementación de la ley requiere por parte de las provincias el cumplimiento de ciertos estándares que son muy difíciles de cumplir, al menos desde que se sancionó la ley a la fechad e implementación que fiaba, segundo, en este marco de restricción presupuestaria que tienen las provincias y particularmente las provincias chicas, lo hace más grave al tema”, advirtió Lapadula por FM Del Pueblo.
“En el momento de aplicar la ley, políticamente la intención era que un menor iba a terminar detenido, pero no iba a estar ocurriendo, porque el juez va a optar por la prisión domiciliara o excarcelarlo o lo que sea”, agregó el abogado, en relación a la falta de lugares de detención.
“Políticamente se buscó algo para mostrar y no va a ser efectivo”, afirmó.
Según Lapadula, “en Tierra del Fuego, los menores en situación de estar punibles pueden ser de 3 o 4 casos por año, y la inversión que requiere en psicólogo, cuatro o cinco profesionales requiere la ley para esos chicos, y todo eso es un presupuesto, ni hablar de infraestructura ni de un lugar específico, la inversión que hay que hacer por estos casos al año, no cierra”.
“Sin duda van a tener que hacer convenios con otras provincias patagónicas que tengan el mismo escasos número de jóvenes sujetos a este régimen tener los profesionales al servicio de esto, sino es de muy difícil aplicación”, cerró.
