El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias fue consultado sobre las manifestaciones contra el cierre de los comercios que se vieron en los últimos días en Ushuaia.

Ayer, el Gobierno presentó una propuesta al sector comercial de Ushuaia para reabrir los comercios el próximo lunes, luego de dos días de protestas en las calles de la ciudad, y cuando los contagios llegaron e números escandalosos.

En el parte médico de ayer, los números crecieron aún más, y Río Grande sumó 175 casos positivos. Si bien la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, afirmó que no está contemplada una vuelta a Fase Uno en Río Grande, los rumores sobre otro aislamiento en la ciudad continúan.

“Como institución llevamos nuestra opinión al COE. En lo particular hay algunas medias como las medidas del respeto al otro, que deberíamos recomendar desde nuestra cámara para que se apliquen”, dijo Iglesias por FM La Isla.

Y coincidió con sus pares de Ushuaia en que “el comercio no sería responsable de la propagación, porque las medidas se cumplen y cuando no es así lo denunciamos”.

“Estamos en una situación donde la transmisión es comunitaria. Lo que uno pretende es tratar de que la curva se aplane, que no tengamos de golpe y porrazo 50 personas recibiendo atención, porque no se va a poder dar respuesta. Hacemos énfasis en respetar conductas. Todos sabemos que somos mortales, pero lo que uno pretende es que no suceda por impericia, que sea en general algo que podamos manejar”, aseguró el titular de la Cámara.

Y destacó que “tenemos que ver como convivimos con esto y hacemos lo posible para que no se prolongue en demasía”.

Consultado sobre las manifestaciones en contra del cierre de los comercios en Ushuaia y de las expresiones públicas acerca del respeto a las libertades, Iglesias respondió: “Pensamos que no sirve de nada empezar a hablar de las libertades individuales, no se puede hacer un culto de la estupidez”.

Después de destacar que “nosotros tenemos diálogo permanente con el COE”, Iglesias definió que “el sector privado tiene una realidad distinta del público, si no facturamos no podemos parar la olla”.

“Estamos viendo los problemas colaterales en la administración pública, hay determinadas situaciones cuando el estado no puede darte respuesta cierta a determinados trámites, y los vemos con el programa PROGRESO que está colapsado, o el mismo personal está colapsado o tenemos problemas de internet”, cuestionó.