El Secretario de Derechos Humanos del CECIM de La Plata, Ernesto Alonso, se refirió a la decisión que tomó la Sala I de la Cámara Federal de Casación de Comodoro Rivadavia, que hizo lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar, acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas.
La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, hizo lugar al recurso presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor del acusado Ferrante, y le devolvió el expediente a la Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.
Se trata de Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección. La causa tomó trascendencia porque se está debatiendo si prescriben las torturas contra los soldados por parte de oficiales y suboficiales del Ejército.
“Lo tomamos como una pretensión de parte de la estructura judicial de trabajar para la impunidad”, calificó Alonso por FM Del Pueblo.
Y aseguró que “no analizan la cuestión de fondo y se agarran de una resolución de 2009, y la aplican favorablemente a este caso. Esto se va a apelar”.
“Entramos en una etapa de esta lucha permanente con este sector del poder judicial de la Nación que esta enquistado, y siguen las decisiones que muchas veces hacen desde las editoriales del diario La Nación”, señaló.
Y advirtió que “la Corte Suprema De Justicia ya tiene una advertencia porque este caso ya está en instancia internacional. Las torturas en Malvinas existieron y los torturadores tienen nombre y apellido. Vamos a recurrir, tenemos los plazos para que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia”.
